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¿COVID-19 CONSIDERADO ENFERMEDAD OCUPACIONAL EN ECUADOR?

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Parece no ser suficiente el calvario vivido por los trabajadores hoy en día en Ecuador, ante los efectos generados por el COVID-19, a más de sufrir, la pérdida de sus empleos y se debata en la Asamblea Nacional descuentos obligatorios en sus sueldos; se suma ahora, la Resolución Nro. MDT-2020-022, reformada en menos de 24 horas por la Resolución Nro. MDT-2020-023 de fecha 29 de abril del 2020, ambas emitidas por el Ministerio del Trabajo (MDT), en cuyo contenido final se establece, “que la enfermedad del […] (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador […]”.

Es esta línea, el trabajador que enfrenta el peligro diario de salir a las calles y asistir a su trabajo, debe tener claro, de enfermar por COVID-19 y sufrir sus efectos, no tendría derecho a acceder a las prestaciones y protecciones del Seguro General de Riesgos de Trabajo, como son, el subsidio por incapacidad temporal, la pensión de incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente, parcial, total, o absoluto dependiendo el caso, o, a la pensión de montepío para sus familiares en caso de muerte; a menos, que se compruebe de forma técnico-científico su contagio por coronavirus fue resultado de su actividad laboral (relación causa-efecto).

El problema aquí, para el trabajador no sería demostrar su enfermedad, sino, comprobar que la enfermedad la adquirió en su ambiente o proceso de trabajo, puesto que, un laboratorio exclusivamente determina si es un caso positivo o negativo de COVID-19, no, la fecha y lugar donde la contrajo; por tanto, es evidente el conflicto existente al pretender cumplir dichos parámetros técnicos-científicos ante el IESS, o, incluso probarlo en juzgados. En tal sentido, el MDT al formalizar al coronavirus como una enfermedad no ocupacional sin excepciones claras, agrava la situación del trabajador, porque al privarlo de prestaciones, indemnizaciones o retribuciones, lo único que consigue es profundizar los efectos económicos-sociales padecidos por la enfermedad. El ejemplo más claro, sería imaginar la cruda realidad esperada a los médicos que luchan en la primera línea contra la pandemia, al perder su derecho de ser considerado el COVD-19 como enfermedad profesional.

Sobre el tema expuesto, ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestó que, “la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por la exposición en el trabajo, podrían considerarse como enfermedades profesionales […]”; siendo recogido tal criterio, por el Instituto de Seguridad Social en la Guía la para la Calificación Médica y Técnica de los Accidentes de Trabajo por COVID-19, por razón, que durante la cuarentena no se han suspendido ciertas actividades laborales; además, el Código del Trabajo en su art. 363 establece cuales son consideradas enfermedades profesionales, y, en su art. 364 en cambio, autoriza a la Comisión Calificadora de Riesgos pueda determinar nuevas enfermedades profesionales, siendo su dictamen revisado por la respectiva Comisión Central. Entonces, la normativa señalada, expone a las resoluciones del MDT como ilegales e ilegítimas, al arrogarse una competencia no establecida por la ley, generando inseguridad jurídica, y, además, porque el contenido de las mismas, violan el derecho al trabajo visto como fuente de realización personal, tal como lo prescribe la Constitución.

Autor: PhD (c), Mgs. Andrés Vázquez J.

Contacto:

mail: andresvazquez@fosslawyers.org

WhatsApp: (+593) 0993190230


¿GENERAN DESEMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS?

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Las directrices dispuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las entidades que conforman el Sector Público, para el segundo trimestre del año 2020, mediante Circular No. MEF-VGF-2020-0003-C; han causado, por un lado, preocupación en las diferentes entidades del Estado, tal es el caso de los Municipios, que incluso, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) exhortaron al Ministro y Viceministro de Finanzas aclaren el contenido de dicho documento por afectación en sus autonomías; y, por otro lado, incertidumbre en los servidores públicos por miedo a perder sus empleos.

Más allá de una afectación a las autonomías, y, de haberse logrado que Finanzas realice un alcance a las directrices mediante Circular No. MEF-SP-2020-0002, siguen las directrices ocasionando intranquilidad; por tanto, es un documento que merece su análisis, porque advierte a las entidades del Estado que el “MEF” revisará su ejecución presupuestaria, y, aplicará recortes en aquellos ítems de gastos que no estén siendo utilizados durante la emergencia, obligando así, acatar sus directrices. En este sentido, si bien, ciertas directrices podrán ser apoyadas por la sociedad ecuatoriana, respecto a disponer que toda entidad pública priorice sus recursos en necesidades institucionales, e, inversión en la lucha contra el COVID-19; en cambio, existen otras que serán rechazadas, porque generarían más desempleo del ya vivido.

De éste último vale ocuparse, porque la idea de todo Estado ante la emergencia creada por el COVID-19 debe ser proteger las fuentes de empleos existentes, no reducirlas; en este contexto, inclusive se discute en la Asamblea Nacional el Proyecto de “Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19”, en donde, se espera que fruto del debate y consensos aprueben un cuerpo normativa que ayude a superar la crisis en todos sus ámbitos, incluido los efectos socio-económicos del desempleo.

Ahora bien, la directriz del Ministerio de Finanzas de “desvincular servidores públicos con contratos de servicios ocasionales y de nombramiento provisional que estuvieron planificados hasta marzo del 2020”, parece ser superada con el alcance Circular No. MEF-SP-2020-0002; sin embargo, el “MEF” indica en su alcance que “no asignará recursos adicionales a los presupuestos codificados de las instituciones, en las partidas que financian contratos ocasionales y nombramientos provisionales”, y, además, advierte que el “personal desvinculado por la terminación de un contrato de servicio ocasional o nombramiento provisional que hayan estado financiado por gasto corriente no pueden inclusive ser contratos en proyectas de inversión”, en tal sentido, persiste la intranquilidad en los servidores públicos.

Ante tal ambigüedad, es necesario aclarar, en el supuesto de existir descuido por las Unidades de Talento Humano (UATH) de las entidades públicas por no cumplir su programación marzo 2020, estas no pueden alegar el de hoy en documento alguno, que por falta de asignación presupuestaria se procede a desvincular a ciertos servidores públicos. Más bien, se recuerda que a partir del 1 de abril del 2020 se originaron derechos a favor de los servidores públicos, cuyos contratos fueron programados hasta marzo de 2020; es decir, en el caso de los contratos de servicios ocasionales, estos perderían su naturaleza de necesidad ocasional y pasarían a ser de necesidad permanente en su institución conforme establece el art. 58 de la LOSEP, y, para el supuesto de los nombramientos provisionales, estos permanecen vigentes hasta cumplir las condiciones de su expedición, tal como establece el 18 del Reglamento a la LOSEP, por ejemplo, un contrato de nombramiento provisional que se expidió para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición (condición). No observar esto, aplicando sin más razones las circulares del “MEF”, daría origen a la presentación de demandas en los juzgados por parte de los servidores públicos despedidos, consiguiendo estos, sentencias favorables que ordenan su reintegro inmediato a sus puestos de trabajo. Finalmente, la renegociación de contratos con empresas de seguridad y de limpieza, también podrían producir despedidos, porque la empresa para aceptar bajar el precio de su servicio pactado en el contrato, pudiese establecer como condición, reducir la presencia de su personal en las entidades públicas contratantes.

Autor: Ab. Andrés Vázquez J.

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REFORMAR LA EDUCACION EN EL ECUADOR A LA LUZ DE LA INDUSTRIA 4.0

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