¿COVID-19 CONSIDERADO ENFERMEDAD OCUPACIONAL EN ECUADOR?

¿COVID-19 CONSIDERADO ENFERMEDAD OCUPACIONAL EN ECUADOR?

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Parece no ser suficiente el calvario vivido por los trabajadores hoy en día en Ecuador, ante los efectos generados por el COVID-19, a más de sufrir, la pérdida de sus empleos y se debata en la Asamblea Nacional descuentos obligatorios en sus sueldos; se suma ahora, la Resolución Nro. MDT-2020-022, reformada en menos de 24 horas por la Resolución Nro. MDT-2020-023 de fecha 29 de abril del 2020, ambas emitidas por el Ministerio del Trabajo (MDT), en cuyo contenido final se establece, “que la enfermedad del […] (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador […]”.

Es esta línea, el trabajador que enfrenta el peligro diario de salir a las calles y asistir a su trabajo, debe tener claro, de enfermar por COVID-19 y sufrir sus efectos, no tendría derecho a acceder a las prestaciones y protecciones del Seguro General de Riesgos de Trabajo, como son, el subsidio por incapacidad temporal, la pensión de incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente, parcial, total, o absoluto dependiendo el caso, o, a la pensión de montepío para sus familiares en caso de muerte; a menos, que se compruebe de forma técnico-científico su contagio por coronavirus fue resultado de su actividad laboral (relación causa-efecto).

El problema aquí, para el trabajador no sería demostrar su enfermedad, sino, comprobar que la enfermedad la adquirió en su ambiente o proceso de trabajo, puesto que, un laboratorio exclusivamente determina si es un caso positivo o negativo de COVID-19, no, la fecha y lugar donde la contrajo; por tanto, es evidente el conflicto existente al pretender cumplir dichos parámetros técnicos-científicos ante el IESS, o, incluso probarlo en juzgados. En tal sentido, el MDT al formalizar al coronavirus como una enfermedad no ocupacional sin excepciones claras, agrava la situación del trabajador, porque al privarlo de prestaciones, indemnizaciones o retribuciones, lo único que consigue es profundizar los efectos económicos-sociales padecidos por la enfermedad. El ejemplo más claro, sería imaginar la cruda realidad esperada a los médicos que luchan en la primera línea contra la pandemia, al perder su derecho de ser considerado el COVD-19 como enfermedad profesional.

Sobre el tema expuesto, ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestó que, “la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por la exposición en el trabajo, podrían considerarse como enfermedades profesionales […]”; siendo recogido tal criterio, por el Instituto de Seguridad Social en la Guía la para la Calificación Médica y Técnica de los Accidentes de Trabajo por COVID-19, por razón, que durante la cuarentena no se han suspendido ciertas actividades laborales; además, el Código del Trabajo en su art. 363 establece cuales son consideradas enfermedades profesionales, y, en su art. 364 en cambio, autoriza a la Comisión Calificadora de Riesgos pueda determinar nuevas enfermedades profesionales, siendo su dictamen revisado por la respectiva Comisión Central. Entonces, la normativa señalada, expone a las resoluciones del MDT como ilegales e ilegítimas, al arrogarse una competencia no establecida por la ley, generando inseguridad jurídica, y, además, porque el contenido de las mismas, violan el derecho al trabajo visto como fuente de realización personal, tal como lo prescribe la Constitución.

Autor: PhD (c), Mgs. Andrés Vázquez J.

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